Normas de organización y funcionamiento

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.

2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente ejecutivas.

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.

5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los derechos de las personas afectadas.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

1. El proyecto educativo de centro (PEC), el proyecto de gestión (PGC) y las normas de organización y funcionamiento (reglamento de régimen interno) constituyen el plan de centro.

2. El Plan de centro será elaborado y aprobado por la dirección del centro, con informe previo del Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de las funciones atribuidas al claustro de profesorado. En su elaboración, el equipo directivo tendrá la colaboración e implicación de la comisión de coordinación pedagógica y otros órganos de coordinación docente. El equipo directivo tendrá en cuenta las propuestas realizadas por los diferentes sectores de la comunidad educativa.

3. El claustro de profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de centro, establecerá criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará del reglamento de régimen interno y aprobará y evaluará los aspectos educativos del plan de centro.

4. El Plan de centro definirá los objetivos particulares que el conservatorio se proponga lograr de manera contextualizada.

5. El Plan del centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del conservatorio y vinculará a la comunidad educativa de este. Se podrá actualizar o modificar, si procede, después de los procesos de autoevaluación, a propuesta de la dirección en función de su proyecto.

6. El Plan de centro será público y se facilitará su conocimiento por parte de la comunidad educativa y ciudadanía en general.

3. El modelo de gestión organizativa y pedagógica se concretará mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y el reglamento de régimen interno que constituirá el plan de centro, que, en todo caso, siempre tendrán en cuenta lo que dispone la normativa básica.

2. Los conservatorios dispondrán de autonomía para definir el proyecto de gestión, que se concretará mediante los correspondientes proyectos educativos y curriculares y las normas de organización y funcionamiento, dentro de la normativa vigente.

6. Las comisiones permanentes del Consejo Escolar estarán formadas, al menos, por la dirección, jefatura de estudios, un docente, una madre o padre de alumnado y una alumna o alumno elegido por el sector correspondiente, y sus competencias se especificarán en el reglamento de régimen interno. En todo caso, las comisiones del Consejo Escolar velarán por la coherencia entre el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación general anual del centro, y de las reuniones celebradas habrá que dejar constancia por los medios que estipule la normativa vigente respecto a órganos colegiados.

i) Informar de las normas de organización y funcionamiento del conservatorio.

f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interno.

g) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior.

1. La organización de los centros educativos constituye una herramienta básica en la consecución de las finalidades del sistema educativo de la Comunitat Valenciana.

2. La planificación y la intervención conjunta, coordinada y flexible de todos los órganos colegiados de gobierno y de las estructuras habilitadas en los centros educativos resulta imprescindible para favorecer el desarrollo personal y social del alumnado, y para garantizar la prevalencia de los principios y valores de la convivencia.

3. Los centros educativos redactarán las normas de organización y funcionamiento atendiendo a lo dispuesto en la normativa básica y de acuerdo con las líneas y criterios indicados en el proyecto educativo. La comunidad educativa tendrá que ser oída en sus propuestas para la elaboración de estas normas.

4. En el marco de su autonomía curricular y pedagógica, los centros educativos concretarán los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras y disciplinarias aplicables en caso de faltas leves y faltas graves, reflejando en el Plan de convivencia lo dispuesto en la presente normativa.

5. Las normas de organización y funcionamiento del centro educativo contemplarán las medidas actualizadas concernientes a la regulación de los dispositivos móviles, respaldando la autoridad del personal docente y garantizando la toma de decisiones basada en los principios de necesidad, proporcionalidad y eficiencia.

6. De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y de la adolescencia, y con el objetivo de dar cumplimiento a la participación activa y plena del alumnado, su opinión tendrá que ser tenida en cuenta para facilitar su intervención en los procesos democráticos de adopción de decisiones.

7. Las normas de organización y funcionamiento serán de cumplimiento obligatorio por parte de toda la comunidad educativa y tendrán que recoger las normas de convivencia, además de concretar las estrategias para la prevención y la resolución de conflictos, así como las medidas que pudieran derivarse de ello.

1. Además de las funciones enumeradas en el artículo 132 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, a la dirección o titular del centro le corresponden las siguientes: coordinar la elaboración y las propuestas de actualización de las normas de organización y funcionamiento, proponer a la comunidad educativa actuaciones que mejoren la convivencia en el centro y fomenten un clima escolar adecuado que prevenga cualquier forma de acoso, garantizando la prevención y la mediación en la resolución de conflictos en el centro.

f) Retirada de los objetos o sustancias no permitidos, de acuerdo con lo que se determine en las normas de organización y funcionamiento del centro.

7. Las normas de organización y funcionamiento del centro deberán concretar que las medidas adoptadas garanticen lo establecido en el artículo 21 de este decreto.

d) Otras circunstancias consideradas por el centro educativo y que estén recogidas en sus normas de organización y funcionamiento, siempre que no supongan discriminación o vulnere algún derecho de la víctima o personas perjudicadas.

d) Otras circunstancias consideradas por el centro y que estén recogidas en sus normas de organización y funcionamiento, siempre que no supongan discriminación o vulneren algún derecho de la víctima o personas perjudicadas.

5. La tramitación del procedimiento conciliador quedará definida por el centro en sus correspondientes normas de organización y funcionamiento. En cualquier caso, en el procedimiento conciliador la medida aplicada será más leve que la que se hubiera aplicado en el expediente disciplinario.

5. Las medidas educativas provisionales a aplicar estarán recogidas en las normas de convivencia e incluidas en las normas de organización y funcionamiento del centro educativo, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, y que podrán consistir en: a. El cambio provisional de grupo.

b. La suspensión provisional de asistencia a determinadas clases o al centro.

c. La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares.

d. La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro.

b) El derecho a ser respetada la diferencia y la diversidad de todas las personas, sin estereotipos, sesgos de género u otros condicionantes externos, incluyendo la elección de vestuario de acuerdo con la identidad de género sentida o sus preferencias personales. En el supuesto de que las normas de organización y funcionamiento del centro prevean el uso del uniforme escolar para el alumnado, este no podrá incluir piezas obligatorias diferenciadas por sexo que pudieran constituir discriminación y limitación en la libre elección del tipo de prendas de vestir para el alumnado.

a) El deber de conocer y participar en la elaboración de las normas de organización y funcionamiento del centro y velar por su cumplimiento.

5. Corresponde al claustro de profesores proponer medidas para la promoción y la gestión de la convivencia en el centro educativo. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto educativo de centro y las normas de organización y funcionamiento.

3. La dirección o titular del centro educativo iniciará el expediente disciplinario con un documento por escrito, en el que constará: a. Alumnado presuntamente implicado.

b. Hechos y falta que motivan la apertura del expediente disciplinario: medida educativa provisional que pudiera aplicarse.

c. Nombramiento del docente instructor y a otro docente a quien se le asignarán funciones de secretaría en los casos de especial complejidad, elegido o elegidos de entre los componentes del claustro según el sistema determinado por el centro y recogido en las normas de organización y funcionamiento.

d. Notificación del nombramiento al docente instructor, docente secretario y a los interesados.

e. Comunicación sobre mantenimiento o cese de las medidas educativas provisionales que, en su caso, haya acordado la dirección o titular del centro, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante todo el procedimiento.

f. Información explícita sobre el derecho a presentar alegaciones, así como derecho a audiencia en el procedimiento, con indicación del plazo de diez días lectivos, y de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la medida a adoptar.

g. De igual forma, se informará al alumnado, o a los padres, las madres o los representantes legales del alumnado en caso de ser menores de edad, sobre el derecho a presentar en ese escrito recusación fundada, según lo que establece el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, contra el nombramiento del docente instructor y del docente secretario.

h. Información explícita al docente instructor, al docente secretario y a los interesados sobre la posibilidad de acogerse al procedimiento conciliador de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.

i. Órgano competente para la resolución.

1. La dirección o titular del centro, en la apertura del expediente disciplinario, nombrará al docente instructor, y un docente secretario en los casos que considere de especial complejidad, elegidos de entre los componentes del claustro de profesores según el sistema determinado por el centro educativo y recogido en las normas de organización y funcionamiento.

1. El programa de "Coordinación horaria" formará parte de la oferta educativa de los centros participantes, integrándose en el proyecto educativo del centro (PEC). Asimismo, los criterios a seguir en todos los aspectos relacionados con el programa se incluirán en las normas de organización y funcionamiento del centro.

3. En la sesión de constitución del consejo escolar se designarán a las personas de las comisiones que debieran constituirse, según lo establecido en los correspondientes reglamentos orgánicos y funcionales y las normas de organización y funcionamiento del centro.

Ingresos recibidos de las familias por incumplimiento del deber de entrega del material en el programa Xarxa Llibres

En cuanto a los ingresos de las familias que pagan los libros del programa Xarxa Llibres que se han deteriorado o perdido, se informa que según lo que establece la Orden 26/2016 de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, en los artículos 9, 10 y 11, las familias tienen la obligación de hacer un uso adecuado y esmerado de los libros de texto o material curricular de los cuales disponen gratuitamente en régimen de préstamo, y de reintegrarlos en el centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento que se cause baja en el mismo. Por este motivo, los centros incluirán en el reglamento de régimen interno las normas de utilización y conservación de libros de texto y material curricular cedidos al alumnado en régimen de préstamo, haciendo constar las indicaciones relativas a la no entrega de libros, desperfecto, pérdida de los mismos, etc., catalogadas como daños del material propiedad de la administración y aplicar cuantos procedimientos pedagógicos, económicos y disciplinarios considere oportunos. Siguiendo así con lo que establece el artículo 31 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. De acuerdo con este artículo que hace referencia a la reparación de daños materiales, el alumnado que cause algún daño a las instalaciones, equipación informática o cualquier material del centro, quedará obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Por este motivo, el hecho de que un centro reciba un importe que corresponde a un libro o material curricular que no se ha devuelto en el centro educativo o se ha entregado en mal estado y no puede sustituirse por otro nuevo o en condiciones óptimas de reutilización, no comporta ningún agravio en el objetivo de gratuidad que establece la normativa mencionada. Este importe se destinará a la compra del libro o material curricular que no se ha devuelto por la familia, considerando el procedimiento como la restitución de un bien propiedad del centro educativo.

1. Los centros docentes redactarán las normas de organización y funcionamiento según lo dispuesto en el Decreto 57/2020 y de acuerdo con las líneas y los criterios indicados en el PEC, que incluirán las particularidades del centro referidas a su funcionamiento interno. Estas normas se elaborarán a partir de las propuestas realizadas por el consejo escolar, el claustro, las asociaciones de familias, y serán evaluadas y aprobadas por el consejo escolar. Las normas de organización y funcionamiento deberán incluir el conjunto de objetivos, principios, derechos, responsabilidades y normas por las que se regula la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa, y que se deberán ajustar a lo que establece el Decreto 193/2025, de 12 de diciembre, del Consell, de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana.

2. Las normas de organización y funcionamiento serán de obligado cumplimiento y deberán recoger las normas de convivencia y conducta, así como concretar los deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.

3. Para su elaboración se tendrá en cuenta lo que dispone la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones para aplicarlas a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana ante varios supuestos de no convivencia de los progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas (DOGV 8490, 20.02.2019).

4. Los miembros del equipo directivo y profesorado serán considerados autoridad pública, según se establece en la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de autoridad del profesorado. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum, salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar las personas implicadas.

5. De acuerdo con la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, en todos los procedimientos deberá respetarse un espacio de comunicación con las personas menores de edad, garantizando su derecho a ser informadas, oídas y escuchadas en los términos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 17 de dicha ley.

3.2.2 Acceso a los centros

Las condiciones de acceso a los centros se deben incluir en sus normas de organización y funcionamiento.

8. El control de asistencia del profesorado se realizará mediante el sistema establecido en las normas de organización y funcionamiento del centro.

2. La configuración de los grupos se realizará favoreciendo, en la medida de lo posible, la asignación de horarios al alumnado de menor edad de las enseñanzas elementales de Música y Danza en los primeros tramos horarios de la tarde, teniendo en cuenta el horario de finalización de las enseñanzas de régimen general.

La dirección del conservatorio establecerá la distribución de los grupos entre el profesorado, en función de la plantilla autorizada, la oferta educativa y las necesidades organizativas del centro, oído previamente el Claustro y de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de organización y funcionamiento del centro. Una vez establecida dicha organización, la dirección informará al Claustro de Profesorado y a los departamentos didácticos correspondientes.

El Programa de coordinación horaria formará parte de la oferta educativa de los centros participantes, y se integrará en el proyecto educativo del centro (PEC). Asimismo, los criterios a seguir en todos los aspectos relacionados con el Programa se incluirán en las normas de organización y funcionamiento del centro.

La planificación y concreción anual del Programa de coordinación horaria se incorporará a la programación general anual (PGA) del centro y podrá integrarse en el plan de mejora, formando parte de la programación de acciones del curso escolar con la finalidad de optimizar todos los aspectos relacionados con el programa. Esta concreción constará de: